Una mirada a la seguridad pública y sus desafíos

Editorial: seguridad para vivir en libertad y comunidad

Poder caminar con tranquilidad por el barrio, desarrollar un emprendimiento sin amenazas y ver a los hijos crecer lejos de la violencia son aspiraciones esenciales de toda sociedad. Cuando el temor condiciona la vida cotidiana, se restringen las oportunidades, se debilitan los vínculos entre las personas y se deteriora la confianza en las instituciones. Por eso, la seguridad pública constituye una responsabilidad fundamental de la democracia y una condición para el ejercicio efectivo de la libertad.

Desde la Corporación Humanismo y Democracia, inspirados en los valores del humanismo cristiano, entendemos este desafío desde la dignidad de cada persona y la búsqueda del bien común. Esa mirada nos exige promover respuestas que permitan proteger la vida en comunidad, recuperar los espacios públicos y fortalecer la convivencia.

La contingencia chilena expresa la complejidad de esta tarea. Los antecedentes oficiales del primer semestre de 2026 muestran una disminución de los homicidios, una señal que merece ser reconocida y cuyo avance debemos sostener. Al mismo tiempo, la violencia que afecta a los barrios y la capacidad de las organizaciones criminales para disputar territorios y penetrar instituciones mantienen una exigencia urgente sobre el Estado. Reconocer los avances y enfrentar las amenazas son responsabilidades que deben ejercerse conjuntamente.

Esta preocupación atraviesa también a América Latina. Las recientes iniciativas de cooperación regional contra el crimen organizado reflejan la necesidad de coordinar esfuerzos frente a redes que operan más allá de las fronteras. Su eficacia dependerá de la claridad de sus compromisos, de la confianza entre los países y de la capacidad de cada Estado para transformar esa colaboración en investigaciones y resultados. La cooperación debe fortalecer nuestras instituciones y desarrollarse con transparencia, respeto a la soberanía y controles democráticos.

En el conversatorio de este mes, Jorge Burgos nos invitó a situar el debate precisamente en esas capacidades. Su reflexión puso el acento en la inteligencia criminal, la persecución del dinero ilícito, la coordinación institucional, el control de armas y la prevención social. Nos recordó que los anuncios y las reformas necesitan equipos preparados, recursos, implementación rigurosa y rendición de cuentas para convertirse en una protección efectiva de las personas.

Desde nuestra perspectiva, fortalecer la autoridad democrática supone respaldar a quienes cumplen la tarea de protegernos y exigir instituciones íntegras, profesionales y sujetas a la ley. La corrupción que facilita el ingreso de armas a una cárcel, protege una actividad ilícita o desvía una investigación compromete la seguridad de toda la comunidad. Combatirla debe ser una prioridad permanente, con responsabilidades claras y controles capaces de actuar oportunamente.

Las palabras del papa León XIV ofrecen una orientación especialmente pertinente. Al referirse en mayo de este año en una conferencia sobre drogas y crimen organizado, destacó que el Estado de derecho, la prevención del delito y la justicia penal deben actuar conjuntamente. También recordó que el respeto por la dignidad humana comprende a todas las personas y que la justicia debe abrir caminos de rehabilitación y reintegración social. Esta mirada nos convoca a proteger con firmeza a las comunidades y a sostener una respuesta integral frente a la violencia.

La prevención merece, en ese esfuerzo, una prioridad concreta. Acompañar a niños y jóvenes, apoyar a las familias, fortalecer la escuela y ofrecer oportunidades en los territorios son tareas indispensables para impedir que las redes delictivas encuentren nuevas posibilidades de expansión. También necesitamos recuperar la organización comunitaria y la confianza entre vecinos. Una sociedad que se reconoce responsable del otro tiene mejores condiciones para cuidar sus espacios y colaborar con sus instituciones.

Desde Humanismo y Democracia queremos contribuir a una conversación que permita construir acuerdos duraderos sobre estas prioridades. La urgencia de la seguridad exige rigor, responsabilidad y voluntad de encuentro. Nuestro compromiso es con una democracia capaz de proteger, una autoridad que rinda cuentas y una comunidad que vuelva a reconocerse en un propósito compartido: vivir en paz, con libertad y con dignidad.

Resumen del conversatorio sobre seguridad pública con Jorge Burgos Varela

Jorge Burgos Varela es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con una extensa trayectoria en el servicio público. Fue ministro del Interior y Seguridad Pública, ministro de Defensa Nacional, subsecretario del Interior, subsecretario de Guerra y embajador de Chile en Ecuador. Asimismo, ejerció como diputado durante tres períodos consecutivos y fue primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Su experiencia en el Poder Ejecutivo y el Congreso, especialmente en materias de defensa y seguridad, le ha permitido participar activamente en el debate sobre el fortalecimiento de las instituciones y los desafíos de la democracia chilena.

En una nueva edición de los Conversatorios de la Corporación Humanismo y Democracia, realizada el 15 de octubre, Burgos analizó los desafíos de la seguridad pública en Chile. Su exposición se articuló en torno a una idea central: el país no enfrenta principalmente una falta de anuncios, sino un problema de capacidades estatales y de método para diseñar e implementar políticas eficaces.

Al comenzar, se refirió al debate sobre las reglas de uso de la fuerza. Señaló que Chile ya contaba con normas y criterios judiciales sobre esta materia, por lo que consideró exagerado sostener que existía un vacío absoluto. En ese contexto, abordó la discusión sobre los conceptos de proporcionalidad y racionalidad, destacando que la legitimidad del uso de la fuerza debe evaluarse atendiendo a las circunstancias concretas y que los tribunales tendrán un papel fundamental en la interpretación de estas disposiciones.

También hizo una distinción entre la gravedad de los problemas de seguridad y la necesidad de reconocer los avances. Al comentar los antecedentes de la encuesta de Paz Ciudadana y la evolución de los homicidios, destacó señales de disminución en algunos indicadores, aunque advirtió que los niveles de victimización y temor siguen siendo elevados. A su juicio, una discusión responsable debe reconocer tanto las dificultades como los resultados positivos, evitando atribuir tendencias de varios años exclusivamente a un gobierno.

Un delito que cambió

Uno de los puntos centrales de su diagnóstico fue la transformación de la delincuencia. Explicó que Chile enfrenta organizaciones transnacionales con acceso a armamento, capacidad para lavar dinero y recursos para corromper instituciones. Este escenario exige ampliar la mirada: ya no basta con preguntar cuántos policías hay en las calles, sino si el Estado dispone de herramientas para identificar, comprender y perseguir redes criminales complejas.

En esa línea, sostuvo que la inteligencia, la investigación financiera y la coordinación entre organismos deben ocupar un lugar prioritario. Advirtió, además, que el desafío no está únicamente fuera del Estado: las organizaciones criminales también buscan penetrar sus instituciones. Por ello, el fortalecimiento de la seguridad requiere controles internos efectivos y una respuesta firme frente a la corrupción.

Cooperación internacional y Escudo de las Américas

Burgos examinó críticamente la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas. Reconoció que la cooperación internacional puede aportar información, capacitación y mejores herramientas para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, planteó que sus beneficios dependen de un diseño claro, de controles democráticos y de instituciones nacionales capaces de aprovechar esa colaboración.

Sus reparos se concentraron en el alcance del acuerdo y en el procedimiento seguido para adoptarlo. Según explicó, sus contenidos exceden la cooperación policial e incorporan materias relacionadas con minerales críticos, inversiones y defensa colectiva. Por esa razón, estimó que una decisión de esa envergadura debió estar precedida de mayor información pública, deliberación y participación del Congreso.

Asimismo, defendió la importancia de preservar la política exterior como una política de Estado. Aunque consideró prematuro afirmar que Chile ya hubiera cedido soberanía, sostuvo que corresponde aclarar qué instrumentos jurídicos respaldan los compromisos y qué mecanismos de control se aplicarán a las actuaciones que se desarrollen en su nombre.

Su pregunta de fondo fue cómo convertir la cooperación en resultados. Recibir información internacional resulta insuficiente si el país carece de capacidades propias para procesarla, transformarla en investigaciones y llevar antecedentes sólidos ante los tribunales.

La reforma constitucional y los controles democráticos

Un segundo eje fue su análisis de la reforma constitucional de seguridad. El expositor cuestionó el diseño original de un nuevo estado de excepción que, según describió, permitía períodos prolongados de aplicación sin autorización parlamentaria previa. Consideró que esa fórmula debilitaba los controles democráticos y ejemplificaba una forma de actuar que privilegia el anuncio por sobre la deliberación.

Valoró, en cambio, el esfuerzo transversal de senadores para elaborar una propuesta más acotada, que descartó el nuevo estado de excepción e incorporó controles más explícitos. Aun así, expresó reservas sobre algunos de sus contenidos, particularmente respecto de la asimilación del crimen organizado al régimen del terrorismo y de las condiciones para declarar una emergencia ante amenazas graves e inminentes.

A su juicio, estas herramientas requieren definiciones precisas, límites claros y mecanismos efectivos de revisión. También planteó que debe evitarse incorporar a la Constitución disposiciones meramente declarativas o medidas cuya necesidad no esté suficientemente justificada.

Las capacidades que el Estado necesita fortalecer

Más allá de los acuerdos internacionales y las reformas constitucionales, se identificaron cinco prioridades para enfrentar la delincuencia organizada.

La primera es contar con inteligencia criminal sostenida y una coordinación real entre las instituciones. Señaló que una ley, por sí sola, no produce inteligencia: se necesitan equipos especializados, recursos suficientes y una cultura de intercambio de información que supere las rivalidades y los compartimentos institucionales.

La segunda es fortalecer la persecución financiera. Defendió la posibilidad de levantar administrativamente el secreto bancario en circunstancias definidas por la ley, como herramienta para detectar operaciones sospechosas y reunir antecedentes. Subrayó que seguir el dinero es indispensable para desarticular organizaciones cuyo objetivo es obtener y ocultar ganancias ilícitas.

La tercera prioridad es mejorar el control de armas, especialmente frente al acceso de las bandas a armamento de mayor poder. La cuarta es asegurar la integridad institucional, mediante controles internos verificables y una investigación efectiva de las faltas y delitos cometidos por funcionarios.

Finalmente, destacó la prevención social como una deuda persistente. Sostuvo que el país ha invertido poco en impedir el inicio y la continuidad de las trayectorias delictivas, particularmente entre niños y jóvenes expuestos a situaciones de vulneración. Enfatizó que estas intervenciones requieren recursos, acompañamiento y continuidad, aunque sus resultados sean menos inmediatos que los de las medidas punitivas.

Fuerzas Armadas, cárceles y participación ciudadana

Durante el diálogo con los participantes, Jorge Burgos defendió el carácter excepcional de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público y seguridad. Reconoció su aporte potencial de información obtenida en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia de fronteras, mar y espacio aéreo, pero descartó que deban convertirse en actores permanentes de la seguridad ciudadana.

Sobre el sistema penitenciario, planteó la necesidad de profundizar los cambios en Gendarmería, fortalecer los controles contra la corrupción e invertir en establecimientos seguros que respeten la dignidad de las personas. Propuso, además, avanzar hacia una justicia especializada en ejecución de penas, que permita someter a control judicial decisiones sobre el cumplimiento de condenas y los beneficios penitenciarios.

En relación con el Poder Judicial, destacó la importancia de transparentar su funcionamiento y sancionar las conductas contrarias a la probidad. Para Burgos, respaldar a las instituciones también implica exigirles rendición de cuentas y capacidad para corregir sus fallas.

El intercambio abordó igualmente el papel de la sociedad civil. El expositor manifestó preocupación por el debilitamiento de la organización comunitaria y del sentido de solidaridad. En ese marco, destacó la necesidad de fortalecer los vínculos entre las organizaciones territoriales y las policías, recuperando una relación más cercana y preventiva.

Como reflexión final, sostuvo que una política de seguridad eficaz debe combinar cooperación internacional con resguardos jurídicos, acuerdos políticos amplios y fortalecimiento de las capacidades nacionales. La confianza ciudadana, concluyó, se recupera mediante resultados verificables e instituciones que rinden cuentas, con inteligencia, persecución financiera, integridad y prevención como prioridades.

Ver el video completo del conversatorio en YouTube →

Recomendaciones de lectura para profundizar la discusión

El conversatorio con Jorge Burgos nos invitó a reflexionar sobre las capacidades que necesita el Estado para enfrentar el crimen organizado, prevenir la violencia y proteger a las personas. Para profundizar en estos desafíos, recomendamos las siguientes lecturas:

1. Reportaje: “Explosivo aumento de denuncias por extorsión: delito con el sello del crimen organizado pasó de 31 a 322 casos en apenas cuatro años” — CIPER Chile, 5 de junio de 2025

A través de casos y antecedentes del Ministerio Público, este reportaje examina la expansión de las amenazas y los cobros extorsivos en Chile. También explica los cambios legales que han facilitado su persecución. Permite comprender cómo operan estas redes y cómo afectan la vida y la actividad económica de sus víctimas, dando una expresión concreta al diagnóstico de una delincuencia que ha cambiado.

Leer el reportaje en CIPER →

2. Reportaje: “Informe USS: 56% de las causas de drogas en crimen organizado terminaron sin una salida judicial en la última década” — José Carvajal Vega, La Tercera, 14 de febrero de 2026

Este reportaje presenta resultados de una investigación del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO USS), que analiza la persecución penal de delitos asociados al crimen organizado entre 2014 y 2024. Con comentarios de su director, Luis Toledo, examina las dificultades investigativas y probatorias que enfrenta el sistema penal. Una lectura que permite profundizar en la necesidad de priorizar investigaciones, seguir la ruta del dinero y evaluar los resultados de la respuesta estatal.

Leer el reportaje en La Tercera →

3. Informe: “Riesgo Político América Latina 2026” — Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2026

Este informe examina las principales amenazas para la estabilidad democrática de América Latina y sitúa al crimen organizado como el mayor riesgo político de la región. Analiza su relación con la violencia política, el debilitamiento institucional y las dificultades de los gobiernos para responder a las demandas ciudadanas. Una lectura que permite ampliar la mirada sobre la seguridad pública y comprender cómo la expansión de las redes criminales afecta la cohesión social, la legitimidad de las instituciones y el futuro de las democracias latinoamericanas.

Acceder a la presentación del informe en Visión Universitaria UC →