Una mirada a la seguridad pública y sus desafíos

Reseña del conversatorio

En su exposición, Jorge Burgos sostuvo que Chile no enfrenta principalmente una falta de anuncios en seguridad pública, sino un problema de capacidades estatales y de método para diseñar e implementar políticas eficaces. Comenzó refiriéndose al debate sobre las reglas de uso de la fuerza: recordó que el país ya contaba con normas y criterios judiciales en la materia, por lo que consideró exagerado hablar de un vacío absoluto, y destacó que la proporcionalidad y la racionalidad deben evaluarse según las circunstancias concretas, con un papel central de los tribunales. Al comentar la encuesta de Paz Ciudadana y la evolución de los homicidios, reconoció señales de disminución en algunos indicadores, aunque advirtió que la victimización y el temor siguen siendo elevados, y llamó a una discusión que reconozca tanto las dificultades como los avances, sin atribuir tendencias de varios años a un solo gobierno. El eje de su diagnóstico fue la transformación del delito: organizaciones transnacionales con acceso a armamento, capacidad para lavar dinero y recursos para corromper instituciones, frente a las cuales ya no basta con preguntar cuántos policías hay en las calles, sino si el Estado puede identificar, comprender y perseguir redes criminales complejas. Examinó críticamente la adhesión de Chile al Escudo de las Américas: valoró el aporte potencial de la cooperación internacional en información, capacitación y herramientas, pero cuestionó que un acuerdo que excede la cooperación policial —e incorpora minerales críticos, inversiones y defensa colectiva— se adoptara sin mayor información pública ni participación del Congreso, y subrayó que la cooperación solo rinde frutos si el país tiene capacidades propias para convertir esa información en investigaciones y antecedentes sólidos ante los tribunales. Sobre la reforma constitucional de seguridad, cuestionó el diseño original de un nuevo estado de excepción con períodos prolongados sin autorización parlamentaria previa, valoró la propuesta transversal más acotada elaborada por senadores y expresó reservas sobre la asimilación del crimen organizado al régimen del terrorismo, insistiendo en definiciones precisas, límites claros y mecanismos efectivos de revisión. Planteó luego cinco prioridades para fortalecer las capacidades del Estado: inteligencia criminal sostenida y coordinación real entre instituciones; persecución financiera, incluida la posibilidad de levantar administrativamente el secreto bancario en circunstancias definidas por la ley; control de armas; integridad institucional, con controles internos verificables; y prevención social, una deuda persistente con niños y jóvenes expuestos a situaciones de vulneración. En el diálogo con los participantes defendió el carácter excepcional de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, propuso profundizar los cambios en Gendarmería y avanzar hacia una justicia especializada en ejecución de penas, y sostuvo que respaldar a las instituciones también implica exigirles rendición de cuentas y capacidad para corregir sus fallas.

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